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Papel de la sociedad civil

2005-06-13

Mario Quintana*
Se preguntan quiénes son, a quiénes representan, quiénes los han electo, por qué deben participar en las decisiones ésos y ésas de la sociedad civil. Se preguntan, no sin mostrar sus angustias, diferentes políticos, padres de la Patria y sus cajas de resonancia, viejas y reempacadas, tan sólo para decir, como si de un festín se tratara, que ellos fueron los electos para gobernar el país, para legislar, que no quieren a más en la mesa de repartición de los cargos, de los curules, es decir, que no quieren a más en la distribución del poder y de la riqueza que hoy por hoy se concentra en muy pocas manos, mientras una mayoría se sigue empobreciendo y el país hundiéndose en el abismo.

Diversas resoluciones y convenios internacionales establecen el derecho a la organización de la ciudadanía, la importancia cada vez más crucial y estratégica de la sociedad civil. En la misma Constitución de la República de Nicaragua en su artículo 7 establece que somos una República democrática, participativa y representativa, y en el artículo 50 que se garantiza el derecho de la participación ciudadana en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal.

En la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana, cuyo anteproyecto fue elaborado desde organizaciones de sociedad civil y trabajado en consenso con éstas, se dice con la fuerza necesaria “que para el manejo de la cosa pública y de la gobernabilidad del Estado, se requiere de una efectiva participación ciudadana”. Y más aún, se enfatiza que toda ley debe ser sometida a consulta a fin de garantizar una efectiva participación de la ciudadanía.

Cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de ciudadanía, de los seres humanos, que en forma individual y colectiva, es decir organizada (organismos de sociedad civil-sociedad civil organizada), y en condiciones de autonomía frente al poder (Gobierno, otros poderes del Estado, partidos políticos, grupos económicos y religiosos), opinamos en la materia que consideramos oportuno, defendemos nuestros derechos, e incidimos y luchamos por la construcción y desarrollo de un orden social, económico y político distinto, un futuro diferente al que hemos tenido en por lo menos los últimos 80 años.

Hoy por hoy distintos sectores de la sociedad civil trabajamos para incidir en asuntos estratégicos para el desarrollo humano sostenible, la distribución justa de la riqueza, reducción de la pobreza, por un sistema de democracia real-participativa, la institucionalización del país, centrado todo en el desarrollo de las localidades y en la persona humana. Pero igual para la incidencia en la transformación del Estado, para que, con unos poderes equilibrados, sea capaz de responder a su rol y compromisos frente a la ciudadanía y a un mundo globalizado.

Por ello diversos sectores aportamos criterios y propuestas para la solución de los problemas derivados del incremento en el precio del combustible, la energía, el transporte; opinamos acerca de las inversiones prioritarias para el desarrollo del país, para resolver el problema de propiedad, la injusta distribución de la tierra, la necesidad de promover la soberanía alimentaria, la no aprobación del TLC, la educación y salud que se requiere para ese desarrollo, la transformación productiva, el desarrollo de la tecnología, políticas de fomento y respaldo a pequeños y medianos productores y empresarios.

Desde la sociedad civil trabajamos también en diversas comunidades para la movilización y promover con firmeza la erradicación de la violencia-intrafamiliar contra mujeres y niñez; enfoques de derechos, de género, generacional, pueblos indígenas y grupos étnicos, personas con capacidades diferentes, medio ambiente-gestión de riesgo, que debe privar en las políticas-programas-leyes para el desarrollo de las personas-comunidades, y el país.

Analizamos y trabajamos para la incidencia en los acuerdos con el FMI que a la fecha son un secreto, los acuerdos comerciales, los planes de desarrollo y presupuestos a nivel municipal-departamental-regional-nacional, una reforma tributaria-impuestos para que quienes tienen más paguen más, la renegociación de la deuda interna a mayor plazo y menor tasa de interés, preservación y desarrollo del medio ambiente, prevenciones-gestión del riesgo; y la aprobación de las leyes del agua (para su no privatización), acceso a información pública, igualdad de oportunidades, general de educación, reformas a Ley Electoral, entre otros.

Los grupos políticos ubicados en el Gobierno, en la Asamblea Nacional, en los otros poderes del Estado y otras esferas de poder económico y religioso deben entender, que sólo con la participación, el apoyo y el consenso de los diferentes grupos políticos, económicos y sociales (ciudadanía-organismos de sociedad civil) es que podremos salir adelante, tener un futuro diferente.

* El autor es Director Ejecutivo de la Coordinadora Civil .

 
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