La COORDINADORA CIVIL sostiene que el Decreto Ejecutivo 3-2010 del Presidente Daniel Ortega causo una “ruptura total” del esquema legal del país porque violenta a la institucionalidad en los artículos 129, 130 y 183 de la Constitución Política de Nicaragua, dice un pronunciamiento dado a conocer la mañana del sábado 16 de enero en conferencia de prensa por Luisa Molina Argüello, Vocera de este organismo de la sociedad civil.
Ante tal situación la COORDINADORA CIVIL agregó que esta nueva violación a la Constitución es de tal magnitud, sólo comparable con la efectuada por los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2009, cuando resolvieron desconocer el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, considerando que es inaplicable y “ordenan” que Ortega y los alcaldes sandinistas en ejercicio del cargo pueden volver a ser candidatos electorales para dichos cargos.
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| Mario Gutiérez, Luisa Molina, Guillermo Pérez L. |
Con firmeza, la COORDINADORA CIVIL sostiene que cualquier funcionario público que se mantenga en los cargos de Procuraduría de Derechos Humanos, del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría y de la Súper Intendencia de Bancos como resultado de esta acción inconstitucional del Presidente Daniel Ortega, también se ubica al margen de la ley.
Funcionarios que asuman cargos son ilegales
y sus resoluciones también son nulas
Por lo tanto, “la COORDINADORA CIVIL, EN APEGO ESTRICTO a la Constitución Política de Nicaragua, no reconocerá la legalidad ni resoluciones de ningún funcionario surgido de una flagrante violación de la institucionalidad” del país.
Asimismo, la COORDINADORA CIVIL, “frente a un Gobierno de Facto, apoyará toda acción cívica de desobediencia civil que tenga como objetivo el restablecimiento de la gobernabilidad democrática y la institucionalidad del país”.
No habrá más diálogo con “falsos opositores”
Mientras que a los dirigentes de los partidos políticos les advierte que la COORDINADORA CIVIL podría dar por concluido el proceso de diálogo iniciado meses atrás, en los que participan otras organizaciones de la sociedad civil, “si estos persisten en la continuidad de negociaciones –con el gobierno y el FSLN- en las que buscan imponer salidas de cúpulas a la grave crisis de gobernabilidad que enfrentamos. De realizarse semejante traición a los intereses ciudadanos sólo nos quedaría la opción de resistencia cívica contra la dictadura y sus falsos opositores”.
En el pronunciamiento que Luisa Molina dio a conocer acompañada de Guillermo Pérez Leiva, de la Comisión de Gobernabilidad y Mario Gutiérrez de la Comisión de Vivienda, la COORDINADORA CIVIL llamó al Ejecutivo a detener y revertir lo ordenado mediante el llamado decreto No. 3-2010 y el cese a la ruptura del Marco Legal del país y el deterioro de la credibilidad de las instituciones públicas y políticas de Nicaragua.
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