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PROPUESTA LA NACIÓN para una salida a la crisis de gobernabilidad

Propuesta a la Nación
2010-04-11

A continuación se hacen unas anotaciones de manera sucinta, como antecedente y condicionante de los acuerdos políticos que desembocaron en la constitucionalización de los mismos, en la reforma de la Ley 330, o Reforma parcial de la Constitución del año 2000. La Coordinadora Civil comparte su Propuesta a la Nación para una salida a la crisis de gobernabilidad.

Una sociedad polarizada entre Sandinismo y anti Sandinismo, como consecuencia de los conflictos militares de los setenta y ochenta, así como de los resultados de las elecciones del año 1990 y del año 1996, en donde las fuerzas anti sandinistas eran mayoritarias, mientras el FSLN conservaba una militancia dura, pero limitado en su capacidad de crecimiento.

Al momento de asumir la presidencia Arnoldo Alemán y durante su ejercicio presidencial, trató de sacar ventaja política y económica de su posición en el Gobierno, en detrimento del FSLN, quien buscó protegerse mediante la estrategia de “gobernar desde abajo”, convertida posteriormente en estrategia de desestabilización-negociación con los gobiernos de turno, mediante huelgas, tomas de carreteras, asonadas etc. obligándoles a negociar.

Fruto de estos insanos métodos de disputarse el poder, ambos partidos, el FSLN y el PLC, sufren una degradación ética retomando los viejos principios somocistas del clientelismo y la corrupción, protección de riquezas mal habidas, reparto del Estado como botín y prebenda clientelista como formas de hacer política.

Todo ello va conduciendo gradualmente a la concentración del poder, ruptura del balance de los poderes, y el asentamiento de un autoritarismo institucional, con un menosprecio profundo a los derechos políticos ciudadanos.

Es así como llegamos a un bipartidismo forzado, con inmunidad para las cúpulas de ambos partidos y recurrencia del reparto del Estado; sin embargo, todo esto no está exento de las desconfianzas mutuas, para lo cual han ideado mecanismos de control mutuo que provocan crisis institucionales recurrentes cada vez que hay desacuerdos políticos entre ellos.

Ambos dirigentes de los partidos FSLN y PLC, requerían de un cambio en la institucionalidad del país, que les permitiera ventajas mutuas y el establecimiento de un sistema bipartidista, que les diera todo el poder en todos los ámbitos de la vida nacional. Esto ha sido conocido popularmente como “El Pacto”.

Fundamento de la propuesta de Gobernabilidad de la CC


Esta propuesta, al igual que la anterior presentada por la Coordinadora Civil (CC), denominada “Propuesta a la Nación para cambiar el rumbo del país”, con mayor énfasis en propuestas de corto y largo plazo sobre aspectos socio económicos, está dirigida en primer lugar a todos los ciudadanos y ciudadanos, en quienes reside verdaderamente la soberanía popular, a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos, al Gobierno y a todos los demás poderes e instituciones del Estado, para que mediante un espíritu de diálogo y concertación, enrumbemos colectivamente al país por los derroteros de una auténtica reconciliación y paz social, con desarrollo económico y libertades democráticas.

Hemos tomado como base para esta propuesta de gobernabilidad aquellos preceptos implícitos y explícitos de nuestra legislación nacional, que acuerdo a las nuevas tendencias, doctrinas políticas y constitucionales deben ser sólidos pilares de toda la edificación democrática y de gobernabilidad nacional, estos pilares son:

Derechos Humanos


Una vez depuesto el régimen dictatorial somocista, el 20 de Julio de 1979 fue promulgado el “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional” recogiendo los derechos y garantías de los nicaragüenses, el cual adquirió características de una Carta Magna, y estuvo vigente hasta el año 1987, en que se promulgó una nueva Constitución.

Desde entonces en Nicaragua se han suscrito y ratificado soberanamente Declaraciones, Convenciones y Pactos Internacionales; entre ellos destacamos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. (Resolución 217 A-III). Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Adoptada por la Organización de Estados Americanos en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aprobado por la por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. (A/RES/2200 A (XXI). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Aprobado por la por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. (A/RES/2200 A (XXI).Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Adoptada por la Organización de Estados Americanos en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Adoptada y abierta a firma y ratificación por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. En vigor a partir del 2 de septiembre de 1990.

Todas estan incorporadas a nuestra Constitución, constituyen el componente de Derechos Humanos, inalienables, universales, integrales e indivisibles, para que todos los y las nicaragüenses podamos realizar el pleno ejercicio y goce de nuestros derechos, en donde el Estado debe hacerlos prevalecer, garantizarlos y protegerlos.

Soberanía Popular


El segundo pilar de nuestra propuesta lo constituye la soberanía popular, fuente primordial en donde se asienta todo nuestro sistema político económico y social, el cual emana del pueblo, de los ciudadanos, organizados o individualmente. Al afirmar en nuestra Constitución Arto. 2, que “el poder político lo ejerce el pueblo”, no es más que la reafirmación de que el sujeto y actor fundamental lo es el ciudadano en toda su dimensión.

Es el principio y el fin del accionar de todo el andamiaje jurídico e institucional, es el mandante; que haciendo uso de su libertad soberna, elige a otro u otros mediante el sufragio universal, para que en tanto mandatarios, ejerzan el poder en su nombre y representación, para el interés y el bien común.

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