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LOS CIUDADANOS Y LAS FINANZAS PÚBLICAS

2012-07-27

Las finanzas del Estado se denominan finanzas públicas porque el Estado es el ente público por antonomasia; su existencia obedece a la necesidad de que exista una entidad que provea bienes y servicios denominados públicos, orientados a atender las necesidades colectivas de la sociedad.

El costo de las actividades que desarrolla el Estado para responder a las necesidades colectivas, es decir el gasto publico, se financia fundamentalmente mediante los tributos que pagamos. Esto significa que los tributos son la principal fuente de los ingresos públicos. En vista esto, debe interesarnos que la carga de los tributos se distribuya entre todos por parejo y de manera justa, y que los recursos que se recaudan se utilicen de manera correcta, para el máximo beneficio de todos.

En este punto, puesto que hemos hablado del Estado como ente publico, de gasto publico, de ingresos públicos y de bienes públicos podemos preguntarnos:¿Que es lo público?. Lo público es todo aquello que concierne, es atributo o pertenece por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas y existe para su beneficio colectivo.

Por lo tanto debemos recordar que el Estado y sus instituciones en tanto entes públicos no son patrimonio privado de los funcionarios estatales, ni existen para su beneficio particular. Todo lo contrario. Los funcionarios son servidores públicos, y su obligación es desempeñar sus funciones en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin ningún tipo de discriminación.

Además, en su carácter de servidores públicos tienen el deber de proporcionarnos toda la información relacionada a su actividad de manera transparente, de rendirnos cuentas claras, y de escuchar y tener en cuenta nuestros criterios y propuestas a la hora de definir las políticas y programas públicos.

Por nuestra parte, como ciudadanos, tenemos el deber de contribuir a financiar el Estado mediante el pago de nuestros tributos. La primera razón por supuesto, es que debemos cumplir con las obligaciones tributarias porque estas son establecidas por el Estado en ejercicio su poder y potestad tributaria, que lo faculta para establecer tributos mediante ley y de exigir su pago de manera forzosa y coactiva.

Sin embargo, el pago de tributos, aunque se pueda exigir de manera coactiva, necesita además gozar de legitimidad, es decir, debe estar justificado a los ojos de la sociedad.

Esto significa que los ciudadanos y ciudadanas deben apreciar en el sistema tributario, no solo como un sistema establecido para la exacción forzosa de recursos para sostener a las administraciones publicas, sino como el medio necesario, legítimo y justo, para el logro de objetivos públicos que reflejen las preferencias colectivas de la sociedad.

Para ello, la administración pública debe ser percibida como transparente en el manejo de los recursos, y la gestión de la administración pública debe traducirse en la provisión eficiente de servicios públicos.

Tambien debe remarcarse que la legitimidad del sistema tributario no es independiente de la legitimidad y confianza ciudadana en la accion del Estado como un todo.

Alcanzar el grado requerido de confianza ciudadana y legitimidad de la acción publica implica pugnar por acciones sustantivas que aseguren: a) El respeto estricto al principio de legalidad b) transparencia plena y una rendición de cuentas rigurosa y detallada c) la información como bien público, permitiendo a los ciudadanos acceder a todos tipo de documentos y datos en poder de entidades estatales; d) ética de la gestión pública que permita evaluar el desempeño de los funcionarios con base en denuncias y sistemas profesionales y autonomos de control, e) permitir a los ciudadanos y los medios de comunicacion ejercer su derecho y responsabilidad de llevar a cabo una permanente auditoria social f) combate a la corrupción y a la impunidad, y g) una amplia participación ciudadana.en la discusion, diseño, evaluacion y control de las politicas, programas y presupuestos publicos.



Pero ademas debemos tener presente que, en calidad de ciudadanos, no solo somos pagadores pasivos de impuestos o simples receptores de las acciones del Estado. Como ciudadanos tenemos el derecho, y la responsabilidad cívica, de exigir plena transparencia en el manejo de las finanzas publicas y rendición de cuentas por parte de los funcionarios, de fiscalizar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos, y de demandar que los recursos que aportamos se nos devuelvan transformados en bienes y servicios públicos de calidad.

Una idea muy importante a retener es que, sin ciudadanos dispuesto a ejercer y a hacer valer los derechos que les confiere esta condición de ciudadanía, incluyendo el derecho involucrarse de manera activa en los asuntos públicos, a criticar y proponer, a hacer escuchar su voz, y a organizarse y movilizarse, la democracia se vacía de contenido, y aumenta la posibilidad de que los funcionarios incurran en falta de transparencia, corrupción, y abuso de poder.

 
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